La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo presentado por Christian Traeger Gimeno, director de Clínica Las Condes (CLC) y gerente general de Inversiones Castilla S.A., confirmando la multa de 1.000 UF (aproximadamente $38 millones de pesos) aplicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por uso de información privilegiada. El fallo señala que Traeger infringió la Ley N°18.045 al adquirir acciones de CLC mientras poseía información privilegiada sobre un convenio entre la clínica e Isapre Cruz Blanca. Este acuerdo, discutido en una sesión extraordinaria del directorio de CLC el 19 de octubre de 2020, otorgaba importantes beneficios y coberturas a los afiliados de la isapre, información que aún no era pública al momento de las compras realizadas por Traeger los días 22 y 23 de octubre de 2020. Según la resolución judicial, el recurrente infringió la prohibición de adquisición de acciones de la Clínica Las Condes, como Gerente General de Inversiones Castilla, no obstante poseer información privilegiada recibida, en calidad de Director de la CLC, en sesión extraordinaria del Directorio del día 19 de octubre de 2020, en la que se acordó un convenio con Isapre Cruz Blanca S.A. La corte destacó que este comportamiento vulneró la transparencia y credibilidad del mercado de valores, afectando la confianza de los inversionistas.Además, el fallo puntualizó que la intención o el beneficio económico del involucrado son irrelevantes, ya que lo sancionable es el desacato al deber de abstención en la compra de valores sobre los que se tiene información privilegiada. La CMF aplicó la sanción en base al bloqueo de información impuesto por el directorio de CLC, destacando que las compras realizadas por Traeger a través de la corredora BTG afectaron significativamente la equidad y transparencia del mercado. Finalmente, la Corte de Apelaciones resolvió que no hubo actuación ilegal por parte de la CMF y confirmó la sanción contra Traeger, reafirmando la importancia de proteger la integridad del sistema financiero y la confianza de los inversionistas.
Un grupo de 24 anestesistas agrupados en la sociedad Servicios de Anestesiología Limitada (SAL) ha presentado una querella contra directores, exdirectores y ejecutivos de la Clínica Las Condes (CLC). La acción judicial, dada a conocer por El Mercurio, incluye acusaciones por estafa, apropiación indebida, entrega de información falsa y la presunta formación de una asociación criminal. Según los querellantes, la clínica mantiene una deuda superior a los $7.300 millones por prestaciones realizadas entre 2021 y junio de 2023, cuando se dio término al contrato con SAL. Este monto coincide con las diferencias de deuda informadas por CLC a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en noviembre pasado. El abogado Gabriel Salazar, representante de los anestesistas, explicó que la decisión de interponer la querella se tomó tras finalizar una auditoría interna que corroboró el monto adeudado. Tras dicha revisión L legamos a la conclusión que los más de $7 mil millones adeudados a los médicos anestesistas por servicios entregados desde 2021, hasta junio de este año, que fue cuando se puso término al contrato con SAL”.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo presentado por Christian Traeger Gimeno, director de Clínica Las Condes (CLC) y gerente general de Inversiones Castilla S.A., confirmando la multa de 1.000 UF (aproximadamente $38 millones de pesos) aplicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por uso de información privilegiada. El fallo señala que Traeger infringió la Ley N°18.045 al adquirir acciones de CLC mientras poseía información privilegiada sobre un convenio entre la clínica e Isapre Cruz Blanca. Este acuerdo, discutido en una sesión extraordinaria del directorio de CLC el 19 de octubre de 2020, otorgaba importantes beneficios y coberturas a los afiliados de la isapre, información que aún no era pública al momento de las compras realizadas por Traeger los días 22 y 23 de octubre de 2020. Según la resolución judicial, el recurrente infringió la prohibición de adquisición de acciones de la Clínica Las Condes, como Gerente General de Inversiones Castilla, no obstante poseer información privilegiada recibida, en calidad de Director de la CLC, en sesión extraordinaria del Directorio del día 19 de octubre de 2020, en la que se acordó un convenio con Isapre Cruz Blanca S.A. La corte destacó que este comportamiento vulneró la transparencia y credibilidad del mercado de valores, afectando la confianza de los inversionistas.Además, el fallo puntualizó que la intención o el beneficio económico del involucrado son irrelevantes, ya que lo sancionable es el desacato al deber de abstención en la compra de valores sobre los que se tiene información privilegiada. La CMF aplicó la sanción en base al bloqueo de información impuesto por el directorio de CLC, destacando que las compras realizadas por Traeger a través de la corredora BTG afectaron significativamente la equidad y transparencia del mercado. Finalmente, la Corte de Apelaciones resolvió que no hubo actuación ilegal por parte de la CMF y confirmó la sanción contra Traeger, reafirmando la importancia de proteger la integridad del sistema financiero y la confianza de los inversionistas.
Un grupo de 24 anestesistas agrupados en la sociedad Servicios de Anestesiología Limitada (SAL) ha presentado una querella contra directores, exdirectores y ejecutivos de la Clínica Las Condes (CLC). La acción judicial, dada a conocer por El Mercurio, incluye acusaciones por estafa, apropiación indebida, entrega de información falsa y la presunta formación de una asociación criminal. Según los querellantes, la clínica mantiene una deuda superior a los $7.300 millones por prestaciones realizadas entre 2021 y junio de 2023, cuando se dio término al contrato con SAL. Este monto coincide con las diferencias de deuda informadas por CLC a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en noviembre pasado. El abogado Gabriel Salazar, representante de los anestesistas, explicó que la decisión de interponer la querella se tomó tras finalizar una auditoría interna que corroboró el monto adeudado. Tras dicha revisión L legamos a la conclusión que los más de $7 mil millones adeudados a los médicos anestesistas por servicios entregados desde 2021, hasta junio de este año, que fue cuando se puso término al contrato con SAL”.