La Corte Suprema confirmó la sentencia en contra de la clínica Avansalud y un médico cirujano por una intervención negligente que resultó en graves daños para una paciente. En una decisión unánime, el tribunal rechazó los recursos de casación presentados por los demandados, quienes buscaban modificar la compensación impuesta por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Los jueces subrayaron que evaluar los perjuicios es una tarea fundamentalmente discrecional de las instancias judiciales inferiores. En este caso específico, se consideró adecuada la indemnización de $30.007.863 establecida originalmente para reparar el sufrimiento causado a la paciente, quien habría sufrido una resección total de la vía biliar y sufrió secuelas severas , incluyendo estrés postraumático que afectó profundamente su vida personal y laboral. La Corte Suprema enfatizó que al fijar el monto indemnizatorio se tuvo en cuenta la lesión que le afectaba (...) y el natural sentimiento de angustia y preocupación que ha experimentado desde aquel día, justificando así la suma asignada por las instancias previas. Asimismo, se explicó que no era apropiado realizar una nueva valoración de las pruebas presentadas, ya que los jueces inferiores actuaron conforme al mérito probatorio aportado por ambas partes. Por último, se concluyó que el recurso de casación carecía de fundamentos legales sólidos para cuestionar la resolución impugnada, dejando intacta la condena hacia la clínica y el profesional médico involucrado. Fuente: Adn radio.
El Gobierno proyecta que unas 240 personas al año podrían solicitar el acceso a la eutanasia en Chile una vez que la ley entre en vigencia. La estimación fue presentada este martes ante la Comisión de Salud del Senado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), basada en cifras del sistema español, donde la eutanasia es legal desde 2021. La iniciativa fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2024 y actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional. El proyecto busca garantizar el derecho a la muerte asistida en casos de enfermedades terminales, incorporando además indicaciones del Ejecutivo que refuerzan las garantías legales y simplifican los procedimientos para su aplicación. Según el informe financiero que acompaña la propuesta, se prevé que aproximadamente la mitad de las solicitudes —unas 120— serían efectivamente aprobadas cada año. El costo fiscal estimado para el primer año es de $1.062 millones, recursos que estarían destinados a financiar personal médico especializado, comités de evaluación, hospitalización, y sistemas digitales para la gestión y seguimiento de solicitudes y voluntades anticipadas. “Se tomaron como referencia las cifras del modelo español para calcular el universo potencial de usuarios”, explicó la Dipres. En ese país, la mayoría de quienes solicitan el procedimiento padecen enfermedades oncológicas o neurológicas, y cerca de un 25% fallece antes de recibir respuesta a su solicitud. El proyecto chileno no incluye los cuidados paliativos, que ya están garantizados por ley, y contempla la creación de una comisión técnica que evaluará cada caso individualmente. Además, se incluye una figura de protección penal para los profesionales de salud que participen del procedimiento, siempre que actúen conforme a la normativa, con el objetivo de brindar certeza tanto jurídica como médica. Fuentes: Adnradio.
La Corte Suprema confirmó la sentencia en contra de la clínica Avansalud y un médico cirujano por una intervención negligente que resultó en graves daños para una paciente. En una decisión unánime, el tribunal rechazó los recursos de casación presentados por los demandados, quienes buscaban modificar la compensación impuesta por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Los jueces subrayaron que evaluar los perjuicios es una tarea fundamentalmente discrecional de las instancias judiciales inferiores. En este caso específico, se consideró adecuada la indemnización de $30.007.863 establecida originalmente para reparar el sufrimiento causado a la paciente, quien habría sufrido una resección total de la vía biliar y sufrió secuelas severas , incluyendo estrés postraumático que afectó profundamente su vida personal y laboral. La Corte Suprema enfatizó que al fijar el monto indemnizatorio se tuvo en cuenta la lesión que le afectaba (...) y el natural sentimiento de angustia y preocupación que ha experimentado desde aquel día, justificando así la suma asignada por las instancias previas. Asimismo, se explicó que no era apropiado realizar una nueva valoración de las pruebas presentadas, ya que los jueces inferiores actuaron conforme al mérito probatorio aportado por ambas partes. Por último, se concluyó que el recurso de casación carecía de fundamentos legales sólidos para cuestionar la resolución impugnada, dejando intacta la condena hacia la clínica y el profesional médico involucrado. Fuente: Adn radio.
El Gobierno proyecta que unas 240 personas al año podrían solicitar el acceso a la eutanasia en Chile una vez que la ley entre en vigencia. La estimación fue presentada este martes ante la Comisión de Salud del Senado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), basada en cifras del sistema español, donde la eutanasia es legal desde 2021. La iniciativa fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2024 y actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional. El proyecto busca garantizar el derecho a la muerte asistida en casos de enfermedades terminales, incorporando además indicaciones del Ejecutivo que refuerzan las garantías legales y simplifican los procedimientos para su aplicación. Según el informe financiero que acompaña la propuesta, se prevé que aproximadamente la mitad de las solicitudes —unas 120— serían efectivamente aprobadas cada año. El costo fiscal estimado para el primer año es de $1.062 millones, recursos que estarían destinados a financiar personal médico especializado, comités de evaluación, hospitalización, y sistemas digitales para la gestión y seguimiento de solicitudes y voluntades anticipadas. “Se tomaron como referencia las cifras del modelo español para calcular el universo potencial de usuarios”, explicó la Dipres. En ese país, la mayoría de quienes solicitan el procedimiento padecen enfermedades oncológicas o neurológicas, y cerca de un 25% fallece antes de recibir respuesta a su solicitud. El proyecto chileno no incluye los cuidados paliativos, que ya están garantizados por ley, y contempla la creación de una comisión técnica que evaluará cada caso individualmente. Además, se incluye una figura de protección penal para los profesionales de salud que participen del procedimiento, siempre que actúen conforme a la normativa, con el objetivo de brindar certeza tanto jurídica como médica. Fuentes: Adnradio.