Durante los años 2023 y 2024, Chile ha experimentado un preocupante brote de neumonía atípica causada por la bacteria mycoplasma. El Ministerio de Salud ha reportado un total de 1.604 casos de contagio por esta bacteria, lo que ha generado alarma en la comunidad médica del país. El jefe de epidemiología del Minsal, el Dr. Christian García, ha explicado que el mycoplasma suele generar un aumento de casos cada 3 o 4 años, y que durante este periodo se ha observado un incremento significativo en las consultas médicas relacionadas con esta enfermedad. Ante esta situación, se emitió una alerta epidemiológica para que los profesionales de la salud estén alerta a los síntomas y puedan brindar un tratamiento oportuno a los pacientes afectados. Algunos de los síntomas más comunes de la neumonía por mycoplasma incluyen dolor torácico, tos seca persistente y fiebre.
El Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna informó con pesar el fallecimiento de Dafne y Samara, hermanas siamesas que se encontraban bajo cuidado intensivo en espera de una cirugía de separación. Las pequeñas nacieron prematuras, con solo 30 semanas de gestación, y estaban unidas por el hígado, lo que complicaba gravemente su estado de salud. Tras su nacimiento el pasado 11 de noviembre en el Hospital Dr. Luis Tisné, fueron trasladadas al Calvo Mackenna, reconocido por su experiencia en casos pediátricos complejos. A pesar del esfuerzo de los equipos médicos, las niñas finalmente fallecieron. El hospital extendió sus condolencias a la familia de Dafne y Samara en este difícil momento, destacando el compromiso de todo el personal que veló por su bienestar.
El informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) revela una serie de irregularidades en el procesamiento de licencias médicas por parte del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) durante el periodo comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023. La auditoría se centró en analizar el Sistema de Información de Fonasa (SIF), con el objetivo de identificar posibles problemas en cuanto al control y procesamiento de licencias médicas por parte de profesionales a lo largo del país. Uno de los hallazgos más preocupantes es que se tramitaron un total de 1.185.524 licencias médicas fuera del plazo reglamentario, superando los 60 días desde su emisión. Además, se detectó que algunos profesionales calificados como grandes emisores emitieron un número excesivo de permisos, llegando incluso a casos donde un especialista registró más de 42.000 licencias emitidas. La CGR también encontró que 198 licencias médicas tenían una fecha posterior a su resolución, así como la existencia de 633 personas no validadas en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPI) que generaron cerca de 272.000 licencias. Incluso se constató que un prestador individual aparece como fallecido antes incluso que se emitiera una licencia a su nombre. Ante estas irregularidades, la Contraloría remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo Defensa del Estado para las acciones correspondientes. Asimismo, ha ordenado al Fonasa iniciar un sumario administrativo para esclarecer las responsabilidades funcionarias implicadas en estos hechos.
La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades en los procesos de trasplantes de órganos, tras realizar una exhaustiva auditoría a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Según los informes, se encontraron fallos graves en el departamento de Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos (CNPT), donde no se habría respetado el orden establecido en las listas de espera. En un total de 84 casos se determinó que no había justificación para no llevar a cabo los trasplantes dado que cumplían con todos los requisitos necesarios. Destaca que el coordinador nacional ejerce como hepatólogo en la Red UC Christus y la Contraloría acusa una comunicación directa y privilegiada con el Hospital Clínico UC, uno de los principales centros de trasplantes del país, obteniendo autorizaciones privilegiadas. Ante esta situación, la Contraloría ha anunciado que iniciará procedimientos disciplinarios para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Por su parte, desde el Hospital Clínico UC Christus afirmaron estar “a disposición para aclarar” los hechos que Contraloría reveló en su reciente auditoría sobre estas supuestas “autorizaciones privilegiadas” para trasplantes de órganos. UC Christus subrayó que el informe “aborda la evaluación de procedimientos, políticas y regulaciones correspondientes a la administración pública en donación y trasplante de órganos”. Añadieron que “el listado nacional de receptores de órganos es responsabilidad del Instituto de Salud Pública (ISP)”, y que los trasplantes entre vivos autorizados por Fonasa en UC Christus permitieron que órganos de donantes cadavéricos quedaran disponibles para otros pacientes. Sobre el cargo del coordinador nacional, aseguraron que “la autoridad pertinente tuvo conocimiento y aceptó que el profesional continuara con su actividad clínica”. Finalizaron indicando que han “entregado la información requerida por las autoridades y nos hemos puesto a su disposición para aclarar estos hechos y resolver cualquier duda o inquietud sobre los procesos de procuramiento y trasplantes de órganos en los que hemos participado”. Revisa más información aquí.
Según un reportaje de Mega, en la actualidad, se ha detectado un preocupante fenómeno en el ámbito de las licencias médicas, donde médicos están ofreciendo estos documentos de manera irregular a través de plataformas como WhatsApp. Este acto no solo constituye un delito, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema de protección social. Según una investigación realizada por Meganoticias , se ha descubierto que algunos médicos llegan a cobrar hasta $85.000 por una licencia falsa. Uno de los médicos investigados, vendía licencias con precios diferenciados por días de reposo: $65.000 por 15 días de reposo. $75.000 por licencias de 21 días. $85.000 por un reposo de 30 días. Un caso particular es el de una doctora que ha emitido más de 2.200 licencias en los últimos tres años, lo cual resulta alarmante para las autoridades sanitarias. Ante esta situación, se está llevando a cabo una investigación para identificar y perseguir a más de 600 médicos involucrados en esta práctica ilegal. El Colegio Médico ha condenado este comportamiento y advierte sobre las graves consecuencias legales que pueden enfrentar tanto los profesionales como las personas que solicitan estas licencias fraudulentas. El vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, enfatizó la gravedad del asunto al señalar que se está perjudicando un derecho laboral fundamental para todos los trabajadores del país. Por su parte, Manuel Inostroza, académico de Salud Pública, hizo hincapié en la importancia de cuidar y respetar la licencia médica como parte integral del tratamiento médico. Es crucial recordar que tanto los médicos como aquellos que solicitan licencias falsas están expuestos a sanciones penales severas que van desde 61 días hasta 3 años de cárcel y multas superiores a los $3 millones.
Durante los años 2023 y 2024, Chile ha experimentado un preocupante brote de neumonía atípica causada por la bacteria mycoplasma. El Ministerio de Salud ha reportado un total de 1.604 casos de contagio por esta bacteria, lo que ha generado alarma en la comunidad médica del país. El jefe de epidemiología del Minsal, el Dr. Christian García, ha explicado que el mycoplasma suele generar un aumento de casos cada 3 o 4 años, y que durante este periodo se ha observado un incremento significativo en las consultas médicas relacionadas con esta enfermedad. Ante esta situación, se emitió una alerta epidemiológica para que los profesionales de la salud estén alerta a los síntomas y puedan brindar un tratamiento oportuno a los pacientes afectados. Algunos de los síntomas más comunes de la neumonía por mycoplasma incluyen dolor torácico, tos seca persistente y fiebre.
El Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna informó con pesar el fallecimiento de Dafne y Samara, hermanas siamesas que se encontraban bajo cuidado intensivo en espera de una cirugía de separación. Las pequeñas nacieron prematuras, con solo 30 semanas de gestación, y estaban unidas por el hígado, lo que complicaba gravemente su estado de salud. Tras su nacimiento el pasado 11 de noviembre en el Hospital Dr. Luis Tisné, fueron trasladadas al Calvo Mackenna, reconocido por su experiencia en casos pediátricos complejos. A pesar del esfuerzo de los equipos médicos, las niñas finalmente fallecieron. El hospital extendió sus condolencias a la familia de Dafne y Samara en este difícil momento, destacando el compromiso de todo el personal que veló por su bienestar.
El informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) revela una serie de irregularidades en el procesamiento de licencias médicas por parte del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) durante el periodo comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023. La auditoría se centró en analizar el Sistema de Información de Fonasa (SIF), con el objetivo de identificar posibles problemas en cuanto al control y procesamiento de licencias médicas por parte de profesionales a lo largo del país. Uno de los hallazgos más preocupantes es que se tramitaron un total de 1.185.524 licencias médicas fuera del plazo reglamentario, superando los 60 días desde su emisión. Además, se detectó que algunos profesionales calificados como grandes emisores emitieron un número excesivo de permisos, llegando incluso a casos donde un especialista registró más de 42.000 licencias emitidas. La CGR también encontró que 198 licencias médicas tenían una fecha posterior a su resolución, así como la existencia de 633 personas no validadas en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPI) que generaron cerca de 272.000 licencias. Incluso se constató que un prestador individual aparece como fallecido antes incluso que se emitiera una licencia a su nombre. Ante estas irregularidades, la Contraloría remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo Defensa del Estado para las acciones correspondientes. Asimismo, ha ordenado al Fonasa iniciar un sumario administrativo para esclarecer las responsabilidades funcionarias implicadas en estos hechos.
La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades en los procesos de trasplantes de órganos, tras realizar una exhaustiva auditoría a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Según los informes, se encontraron fallos graves en el departamento de Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos (CNPT), donde no se habría respetado el orden establecido en las listas de espera. En un total de 84 casos se determinó que no había justificación para no llevar a cabo los trasplantes dado que cumplían con todos los requisitos necesarios. Destaca que el coordinador nacional ejerce como hepatólogo en la Red UC Christus y la Contraloría acusa una comunicación directa y privilegiada con el Hospital Clínico UC, uno de los principales centros de trasplantes del país, obteniendo autorizaciones privilegiadas. Ante esta situación, la Contraloría ha anunciado que iniciará procedimientos disciplinarios para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Por su parte, desde el Hospital Clínico UC Christus afirmaron estar “a disposición para aclarar” los hechos que Contraloría reveló en su reciente auditoría sobre estas supuestas “autorizaciones privilegiadas” para trasplantes de órganos. UC Christus subrayó que el informe “aborda la evaluación de procedimientos, políticas y regulaciones correspondientes a la administración pública en donación y trasplante de órganos”. Añadieron que “el listado nacional de receptores de órganos es responsabilidad del Instituto de Salud Pública (ISP)”, y que los trasplantes entre vivos autorizados por Fonasa en UC Christus permitieron que órganos de donantes cadavéricos quedaran disponibles para otros pacientes. Sobre el cargo del coordinador nacional, aseguraron que “la autoridad pertinente tuvo conocimiento y aceptó que el profesional continuara con su actividad clínica”. Finalizaron indicando que han “entregado la información requerida por las autoridades y nos hemos puesto a su disposición para aclarar estos hechos y resolver cualquier duda o inquietud sobre los procesos de procuramiento y trasplantes de órganos en los que hemos participado”. Revisa más información aquí.
Según un reportaje de Mega, en la actualidad, se ha detectado un preocupante fenómeno en el ámbito de las licencias médicas, donde médicos están ofreciendo estos documentos de manera irregular a través de plataformas como WhatsApp. Este acto no solo constituye un delito, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema de protección social. Según una investigación realizada por Meganoticias , se ha descubierto que algunos médicos llegan a cobrar hasta $85.000 por una licencia falsa. Uno de los médicos investigados, vendía licencias con precios diferenciados por días de reposo: $65.000 por 15 días de reposo. $75.000 por licencias de 21 días. $85.000 por un reposo de 30 días. Un caso particular es el de una doctora que ha emitido más de 2.200 licencias en los últimos tres años, lo cual resulta alarmante para las autoridades sanitarias. Ante esta situación, se está llevando a cabo una investigación para identificar y perseguir a más de 600 médicos involucrados en esta práctica ilegal. El Colegio Médico ha condenado este comportamiento y advierte sobre las graves consecuencias legales que pueden enfrentar tanto los profesionales como las personas que solicitan estas licencias fraudulentas. El vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, enfatizó la gravedad del asunto al señalar que se está perjudicando un derecho laboral fundamental para todos los trabajadores del país. Por su parte, Manuel Inostroza, académico de Salud Pública, hizo hincapié en la importancia de cuidar y respetar la licencia médica como parte integral del tratamiento médico. Es crucial recordar que tanto los médicos como aquellos que solicitan licencias falsas están expuestos a sanciones penales severas que van desde 61 días hasta 3 años de cárcel y multas superiores a los $3 millones.