Continuar los tratamientos de los afiliados a Isapres podría implicar un gasto anual de más de 71 millones de dólares para Fonasa
El Estado se vería obligado a proporcionar cobertura a 256 mil personas. Según expertos, esto podría suponer un desafío financiero para el sector público, ya que los recursos disponibles podrían no ser suficientes.
A solo dos semanas de que entre en vigor el fallo de la Corte Suprema que obligará a las aseguradoras a establecer una tabla única de factores y reembolsar a los afiliados los montos cobrados en exceso, surge la preocupación sobre el destino de aquellos que están en medio de tratamientos médicos crónicos o complejos que no pueden interrumpirse.
Debido a sus condiciones médicas preexistentes, podrían enfrentar dificultades para cambiarse a una isapre y verse obligados a ingresar a Fonasa.
El Gobierno ha prometido garantizar la continuidad de sus tratamientos en estos casos, pero no ha especificado cómo ni por cuánto tiempo, ni cuánto costaría asumir dicho compromiso.
Según las estimaciones de las investigadoras Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián (Ipsuss), y Daniela Sugg, economista en salud y ex coordinadora de la Dirección de Presupuestos, cerca de 256 mil afiliados podrían necesitar continuar con algún tratamiento.
En caso de que las seis isapres enfrentaran problemas de solvencia, esto representaría un déficit anual de US$ 71 millones para el Estado, incluso considerando que estas personas aportaran su 7% al fondo público. Estos cálculos se basan en el escenario más conservador.
Fuente: Emol.